Vamos a hablar de dos empresas de derribos en Santander que hicieron trabajos de forma ilegal y produjeron 3 muertos en 2007 y, diez años más tarde, casi una auténtica masacre en la Calle del Sol. En los dos casos se dio la circunstancia de que los vecinos fueron al Ayuntamiento a denunciar estas obras ilegales, que en el derrumbe de la Cuesta del Hospital se dio a menos de 100 metros de las oficinas municipales. Y encima, para colmo, dicho Ayuntamiento asume parte de los daños y nos pasa la factura a los ciudadanos que no tenemos culpa ninguna. Lo de siempre.
Detectar las obras ilegales y derribos en Santander
Algunas personas han expresado su preocupación al equipo de Gobierno por no reclamar 433.760,16 euros de gastos municipales derivados del derrumbe en la calle Sol, 57. Estos gastos deberían ser asumidos por los responsables de las obras que causaron el incidente. El Ayuntamiento había iniciado un expediente para recuperar los gastos del derribo de Santander, acaecido en 2017, que ascendían a 1.032.762,27 euros. Sin embargo, este expediente se declaró caduco debido a la falta de resolución en el plazo establecido por la ley. En el nuevo expediente, se deja de exigir el 42% de los gastos abonados por el Ayuntamiento, lo que equivale a cerca de 434.000 euros que deberían ser responsabilidad de los causantes del derrumbe.
Sería interesante conocer por qué ha pasado tanto tiempo sin reclamarse estos gastos y si se planea fortalecer la vigilancia en edificios de la ciudad para detectar obras ilegales en Santander de este tipo. Además, propondrán la redacción de un protocolo que establezca un reparto de gastos con las aseguradoras de los edificios desde el principio, evitando que el Ayuntamiento tenga que hacer frente a todos los gastos, como ha sucedido en este caso. La verdad es que en este caso se nota como nunca la incompetencia del Gobierno local y resulta lamentable que los errores de unos auténticos irresponsables terminen siendo pagados por los ciudadanos a escote, como si fuéramos todos socios de estos emprendedores de la hostelería y los derribos ilegales en Santander.
El desencadenante fue un “exceso de obra” en el local, según apunta el expediente sancionador del Ayuntamiento
Es desgarrador ver cómo los incidentes de derrumbe, como el ocurrido en la calle Sol de Santander hace 7 años, afectan profundamente a la comunidad local. Aunque en este caso no hubo pérdidas humanas directas, las consecuencias para los residentes y propietarios del edificio fueron devastadoras. Es especialmente preocupante que las advertencias y denuncias de los vecinos sobre las obras en el local de hostelería fueran ignoradas por las autoridades municipales, a pesar de las evidencias de que estaban causando daños estructurales significativos en el edificio. La falta de acción oportuna por parte del Ayuntamiento para abordar estas preocupaciones contribuyó al trágico desenlace.
El hecho de que las obras excedieran los límites establecidos por la licencia concedida demuestra una falta de supervisión y control por parte de las autoridades municipales sobre las actividades de construcción en la zona. Este incidente subraya la importancia de una gestión urbanística rigurosa y de la necesidad de que las autoridades municipales sean proactivas en la protección de la seguridad y el bienestar de los ciudadanos. Esperemos que casos como este sirvan como lecciones para mejorar los procesos de control y supervisión de obras en el futuro, y que se tomen medidas para prevenir tragedias similares.
En la imagen, otro error típico que se da en obras de derribos y trabajos de construcción, en general, sin mucha supervisión técnica: el camión va sobrecargado y se acerca demasiado a una zona de pavimento mal asentada que cede ante el peso excesivo de la carga.
El caso del derrumbe del edificio en la calle del Sol y César Díaz, amigo del ex alcalde de Santander (De la Serna)
El caso del derrumbe del edificio en la calle del Sol ha puesto a César Díaz, primer teniente de alcalde de Santander, en el centro de atención. Cada día que pasa y se descubren nuevos detalles, Díaz aparece como el concejal de Obras que ignoró lo que estaba ocurriendo en el edificio, especialmente debido a su relación con Íñigo de la Serna, su jefe y amigo. Díaz, ingeniero de caminos, llegó a la política y al Partido Popular por influencia del ex alcalde De la Serna. Se le consideraba su mano derecha e izquierda, siempre apoyándolo y actuando en su nombre. Presumiblemente, cuando el propietario del local, conocido amigo de De la Serna de su época como alcalde, solicitó la licencia de obras, ésta fue concedida rápidamente, sin mayores indagaciones. Sin embargo, las quejas de los vecinos y las inspecciones técnicas revelaron que las obras no autorizadas estaban afectando la estructura del edificio.
Desde que ocurrió el derrumbe, la indignación ha crecido, especialmente al conocerse que las advertencias de los vecinos y los informes técnicos recomendaban detener las obras. Es más: yo mismo pasé por el lugar a escasos días de que ocurriera el desastre y fui testigo de una lamentable discusión entre unas vecinas y un pobre currante, que no tenía la culpa de recibir órdenes de unos irresponsables que no paraban la obra ni a las horas de comer. A raíz del hecho, muchos exigieron la dimisión o destitución de César Díaz por su presunta negligencia y posible trato de favor. Es crucial que la justicia actúe con celeridad y que los responsables políticos asuman su responsabilidad. No se puede permitir que se culpe sólo a los técnicos o se ignore la responsabilidad política de algunos tratos de favor que deberían ser investigados. Si las obras del local derribado de la Calle del Sol, a instancias del propietario amigo de De la Serna, estaban infringiendo las normativas, alguien debe rendir cuentas. Las recientes declaraciones de la alcaldesa, culpando a los técnicos y exonerando a Díaz, sugieren una potencial falta de transparencia y un encubrimiento de responsabilidades. ¿Quién investiga y sanciona al que investiga y sanciona las obras ilegales?
Es necesario investigar a fondo cualquier posible trato de favor y asegurarse de que los responsables políticos sean llevados ante la justicia por su papel en este desafortunado incidente.
Al final, imputaron al constructor de las obras de derribo de Santander en la Cuesta del Hospital
No ha sido un caso aislado. El feo asunto del derribo en Santander que provocó muertos hace casi 20 años, en la Cuesta del Hospital, tuvo su resolución judicial hace tiempo. La Audiencia Provincial de Cantabria tomó la decisión de imputar al constructor de las obras de derribo que se llevaban a cabo en el número 12 del área donde ocurrió el incidente. Esta imputación se basa en indicios de que la actuación del constructor fue negligente y pudo haber tenido influencia en el derribo del edificio en el número 14, donde lamentablemente tres personas perdieron la vida en 2007. Esta resolución surgió tras el recurso de apelación presentado contra el auto de Procedimiento Abreviado del Juzgado de Instrucción número 2, que inicialmente solo había imputado al ingeniero redactor del proyecto de las obras en la finca colindante. La Audiencia Provincial amplió las imputaciones, incluyendo luego al constructor. Ambos, el ingeniero y el constructor, tuvieron que responder por tres delitos de homicidio imprudente, uno de lesiones imprudentes y otro de daños imprudentes. Este desarrollo judicial perseguía una investigación más exhaustiva sobre las circunstancias que rodearon el derrumbe, buscando responsabilidades tanto en la planificación como en la ejecución de las obras.
El caso del derribo de Santander, en la calle del Sol, pudo ser una masacre
En ambos casos, y recordemos que el primero de los enumerados pudo ser una masacre, si un vecino no se llega a dar cuenta del calibre de la grieta, estamos hablando de situaciones en las que los propios vecinos fueron a quejarse al Ayuntamiento de Santander de estas obras ilícitas y fuera de control. En ambos casos se trataba de licencias de obra menor cuando la realidad es que había máquinas de derribo implicadas y que terminaron causando sendos desastres. Ambos casis revelan una serie de fallos graves en la gestión urbanística y en la supervisión municipal que condujeron a un número de muertos que pudo ser muy superior.
En el caso del trágico derrumbe en la Cuesta del Hospital, la constructora, al excederse en las obras y realizar un vaciado integral del edificio sin la debida autorización, desencadenó una cadena de eventos que culminó en la pérdida de vidas humanas. Y una de ellas fue a protestar al Ayuntamiento varias veces, siendo mínima la distancia entre la sede municipal y el céntrico (y antiguo) edificio que se derrumbó. Es preocupante ver cómo las advertencias de los vecinos sobre la negligencia en las obras no fueron atendidas adecuadamente por las autoridades municipales. A pesar de las señales de alarma y de las denuncias presentadas, el Ayuntamiento no tomó medidas efectivas para detener las obras ilegales o para proteger a los residentes del edificio afectado.
La situación se agrava al saber que incluso tras la recomendación de desalojo por parte de un técnico municipal, la respuesta fue insuficiente y poco clara, dejando a los residentes en una situación de riesgo inminente. La falta de acción efectiva por parte de las autoridades municipales refleja una negligencia sistémica que permitió que esta tragedia ocurriera. Además, la falta de seguimiento y ejecución de las medidas programadas para abordar la situación de otros edificios en peligro evidencia una falta de compromiso y responsabilidad por parte del Ayuntamiento.
Estos dos casos es un recordatorio doloroso de la importancia de una gestión urbana adecuada y de la necesidad de que las autoridades municipales tomen en serio las preocupaciones de los ciudadanos y actúen con prontitud para prevenir tragedias como ésta.
El caso del derribo de los garajes en el barrio de Nueva Montaña
El caso del derribo de las obras consideradas ilegales en el Alto del Cuco, en Mortera, después de construirse dichas viviendas, ha sido otro asunto sangrante en la provincia.
Otro caso de derrumbe, de nuevo sin víctimas, va a ser pagado en parte por la autoridad municipal. El tema del derribo de los garajes en el barrio de Nueva Montaña ha tenido un nuevo desarrollo con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), que ha condenado al Ayuntamiento de Santander a pagar el diez por ciento de los daños asumidos por la empresa pública Gesvicán como resultado del incidente. La sentencia determina que el Ayuntamiento es corresponsable de los daños debido a que aprobó el modificado del proyecto que alteró la seguridad constructiva, lo que contribuyó al colapso de los garajes y al parque infantil situado encima. Aunque el relleno realizado por el Ayuntamiento no fue considerado como la causa directa del derrumbe, la aprobación del modificado del proyecto sin un análisis adecuado de sus implicaciones en la seguridad constructiva llevó al tribunal a concluir que la administración municipal actuó con negligencia.
El tribunal criticó la falta de diligencia por parte del Ayuntamiento al aprobar el modificado del proyecto prácticamente al finalizar las obras, sin realizar las comprobaciones necesarias sobre los niveles de seguridad. Además, se señaló que el Ayuntamiento recibió las obras sin objeciones, a pesar de las deficiencias en la seguridad detectadas en el modificado del proyecto. En consecuencia, el TSJC ha determinado que el Ayuntamiento debe contribuir con el diez por ciento de los daños asumidos por Gesvicán, lo que representa aproximadamente 104.000 euros de los más de un millón de euros en daños totales. Es importante destacar que esta sentencia aún no es firme y que cabe la posibilidad de interponer un recurso de casación por interés casacional ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Este caso destaca la importancia de una gestión adecuada y diligente por parte de las autoridades municipales en la aprobación y supervisión de proyectos de construcción para garantizar la seguridad de los ciudadanos.
