Una pareja que ocupó de forma ilegal un chalé en un pueblo de Madrid ha sido condenada a indemnizar con casi 59.000 euros al propietario tras causar graves daños y vaciar por completo la vivienda, según ha informado la prensa. Los hechos se remontan a 2021, cuando la pareja, con cuatro hijos menores, se instaló en la casa tras dejar de abonar el alquiler. La situación económica de ambos empeoró por la pandemia, lo que utilizaron para justificar su permanencia en el inmueble. Durante un tiempo, incluso contaron con apoyo mediático, logrando retrasar su desalojo unos meses. Como empresa de vaciado de viviendas ocupadas en Madrid, el equipo de Limpiezas Alma comentará con nosotros este tipo de situaciones.
La ocupación ilegal de viviendas, comúnmente conocida como «okupación», se ha convertido en un problema creciente en varias regiones de España, afectando gravemente a propietarios particulares. Uno de los efectos más perjudiciales de esta práctica son los destrozos que los okupas suelen dejar tras su paso, lo que conlleva consecuencias económicas significativas y un impacto profundo en el bienestar emocional de los propietarios. Por esto es que nuestra labor es tan necesaria para que este trauma pase cuanto antes.
El fenómeno de la okupación también tiene un impacto social más amplio. Los barrios donde se concentran inmuebles ocupados pueden sufrir una degradación del entorno, afectando tanto a la convivencia como al valor del resto de viviendas. La presencia de pisos ocupados conlleva, en algunos casos, comportamientos incívicos, acumulación de residuos y sensación generalizada de inseguridad entre los vecinos. Esta percepción repercute directamente en la calidad de vida de las comunidades y en su cohesión social.
Comentamos este problema con una empresa de limpieza de pisos ocupados en Madrid
No obstante, las investigaciones llevadas a cabo por el Juzgado de Instrucción número 2 de Vitoria y la Fiscalía de Madrid revelaron que la pareja no sólo permaneció de forma ilegal en el domicilio, sino que también sustrajo más de un centenar de objetos, algunos con un valor superior a los 50.000 euros. Además, causaron importantes destrozos en la vivienda, incluyendo daños en suelos, paredes e instalaciones eléctricas, valorados en unos 9.000 euros.
Una situación demasiado típica para este equipo de una empresa de vaciado de viviendas ocupadas en Madrid, que comentan con nosotros estos eventos.
Por desgracia, este tipo de cosas es más común de lo que parece, por lo que te acabas acostumbrando. Lógicamente, somos personas y compartimos la indignación y la impotencia de muchas de estas familias y empresas que sufren estas agresiones, muchas veces impunes, pero al mismo tiempo esto supone también una motivación extra para hacer las cosas mejor y ayudar a que esas personas afectadas olviden cuanto antes el mal trago vivido.
Aunque inicialmente se solicitaban penas de prisión de casi tres años y una indemnización de más de 67.000 euros, las partes llegaron a un acuerdo. Finalmente, se impuso una condena de 18 meses de prisión —sin ingreso en cárcel—, una multa de 2.880 euros y una compensación económica de 58.836 euros, a pagar en cuotas mensuales de 100 euros. Durante el juicio, ambos reconocieron su responsabilidad. Mientras que la mujer aceptó la condena, su pareja expresó su desacuerdo con el fallo judicial.
La Casa de Guardia del Castillo de Stokesay, Shropshire
Hacemos un alto en el camino para deleitarnos en tiempos mejores, cuando el buen gusto y el derecho de la gente currante estaban más de moda.
La casa de guardia del Castillo de Stokesay es un magnífico ejemplo de la arquitectura con entramado de madera de finales de la Edad Media y comienzos de la época Tudor. Construida en 1640, destaca por su característico entramado de madera en negro y amarillo, con intrincadas tallas y un piso superior voladizo.
La casa de guardia sirve como entrada al Castillo de Stokesay, una casa solariega fortificada en Shropshire, Inglaterra, que se remonta al siglo XIII.
¿Qué derechos tiene un okupa al instalarse en una vivienda?
Cuando una persona ocupa ilegalmente una vivienda, puede llegar a adquirir ciertos derechos que dificultan su desalojo, incluso si no cuenta con contrato ni autorización del propietario. Esta situación preocupa especialmente a los dueños de viviendas deshabitadas, ya que, según datos oficiales, en 2021 se registraron cerca de 50 casos diarios de okupación en España.
El derecho a la inviolabilidad del domicilio es el escudo legal del okupa, pero lo que no contemplan nuestros estúpidos “garantes del Estado de Derecho” es que eso debería ocurrir en el propio domicilio y no en otro que has usurpado a las malas. Pero uno de los principales argumentos en los que se apoyan los okupas para evitar ser desalojados es el principio constitucional de inviolabilidad del domicilio: ¿para esto sirve la Constitución? Este principio establece que ninguna persona puede entrar en una vivienda sin el permiso de quien la habita o sin una orden judicial. En la práctica, si los okupas han cambiado la cerradura y han pasado más de 48 horas desde la ocupación, la propiedad puede considerarse su “residencia”, lo que impide el desalojo inmediato sin autorización judicial.
Como nos dice Paqui, de esta empresa de limpieza de pisos ocupados en Madrid:
En muchos casos, los okupas no sólo utilizan la vivienda sin permiso, sino que la deterioran gravemente. Es común encontrar destrozos en puertas, ventanas, instalaciones eléctricas y sanitarias, así como daños estructurales o acumulación de basura. Estas reparaciones implican gastos elevados que el propietario debe asumir para recuperar el inmueble en condiciones habitables, y no siempre es posible acceder a compensaciones mediante seguros, ya que muchas pólizas no cubren daños ocasionados por ocupación ilegal.
Para los propietarios, especialmente aquellos con una única propiedad o que han invertido sus ahorros en una segunda vivienda, esta situación genera una gran injusticia. Muchos de ellos sienten que sus derechos están desprotegidos, especialmente cuando deben enfrentar largos procedimientos judiciales mientras los ocupantes ilegales permanecen en la vivienda sin consecuencias inmediatas. Esta sensación de desamparo frente a la ley genera una creciente desconfianza hacia las instituciones y el sistema de justicia.
Impidamos que cambien la cerradura y pasen más de 48 horas desde la ocupación
Además, el propietario no puede cortar el suministro de agua, electricidad u otros servicios, ya que esto puede derivar en sanciones legales para él, incluyendo denuncias por coacciones. Incluso dejar de pagar las facturas con la intención de forzar a los okupas a marcharse puede suponer un problema para el propietario, quien podría ser incluido en listas de morosos.
¿Cómo actuar ante una ocupación? Existen dos factores determinantes para iniciar con éxito un proceso de desahucio:
Plazo de denuncia: Es fundamental denunciar cuanto antes. Si se actúa dentro de las primeras 48 horas y se trata de la vivienda habitual del propietario, las fuerzas de seguridad pueden intervenir directamente sin necesidad de una orden judicial.
Tipo de vivienda: La respuesta legal también varía dependiendo de si se trata de la residencia principal del afectado o una segunda vivienda. Pero cuanto más tarde se actúe, desde luego, más difícil y largo puede ser el proceso.
A nivel económico, los propietarios también pierden ingresos por el alquiler potencial del inmueble y pueden enfrentarse a largos procesos judiciales para recuperar su propiedad. Durante ese tiempo, el valor del inmueble puede depreciarse y el coste de oportunidad se acumula. Para quienes dependen del alquiler como fuente de ingresos –como pensionistas o pequeños inversores– estas situaciones pueden representar un grave perjuicio financiero.
Medidas legales de protección para los propietarios
Para hacer frente al aumento de estos casos, se aprobó una normativa conocida como «Ley de Desahucio Exprés», incorporada a la Ley de Enjuiciamiento Civil. Esta ley pretende acortar los plazos para recuperar una vivienda okupada y ofrecer mayor respaldo a los propietarios. Sin embargo, los okupas encuentran resquicios legales para alargar el proceso, como contratar servicios a su nombre o acumular recibos a modo de prueba de «residencia».
¿Qué debe hacer un propietario ante una okupación? Ante una okupación, lo más recomendable es presentar una demanda lo antes posible, ya sea por la vía civil o penal. Contar con asesoría legal especializada es crucial, ya que el proceso puede alargarse durante meses. El propietario deberá demostrar que es el titular de la vivienda y que no existe contrato de arrendamiento con los ocupantes.No es raro que los okupas intenten presentar documentos falsificados para justificar su permanencia, lo que puede complicar aún más el proceso, pero esto también debería contemplado como un delito de falsedad documental.
Uno de los problemas más señalados por los afectados es la lentitud y complejidad del proceso judicial para recuperar una vivienda ocupada. Aunque en los últimos años se han aprobado medidas para agilizar los desalojos en casos de particulares, muchos propietarios siguen enfrentándose a meses —incluso años— de trámites legales, durante los cuales continúan sufriendo pérdidas económicas y estrés emocional. Además, las diferencias entre ocupación por necesidad y mafias organizadas que se lucran vendiendo accesos a pisos, no siempre están claramente diferenciadas en la práctica jurídica.
Consecuencias legales para los okupas
La normativa actual ha sido objeto de críticas por su supuesta falta de firmeza. El delito de usurpación prescribe al año y, en muchos casos, no implica penas de cárcel, lo que facilita la reincidencia. Además, la legislación sobre este tema puede variar dependiendo de la comunidad autónoma. En regiones como Cataluña existen sanciones específicas para estas conductas que pueden ir desde los 9.000 hasta los 90.000 euros.
Desde el punto de vista emocional, el daño que provoca la ocupación no es menor. Muchos propietarios sienten una profunda impotencia, frustración e incluso miedo al saber que su propiedad está siendo utilizada y dañada sin su consentimiento y que no hay mucho que puedan hacer. Esta situación genera estrés crónico y una sensación de vulnerabilidad ante un sistema que, en demasiadas ocasiones, no les ofrece una respuesta rápida ni mucho menos eficaz. Porque los destrozos causados por los okupas no sólo representan una agresión directa al patrimonio privado, sino que también erosionan la estabilidad económica y psicológica de los propietarios afectados. La necesidad de políticas más efectivas y ágiles para proteger la propiedad privada y garantizar una respuesta legal contundente ante estos casos es, para muchos, una prioridad urgente.
Okupas denuncian al propietario por insalubridad y exigen un realojo
¿Pensabas que España era el único estercolero de Europa, donde cualquier aberración contra el derecho de las gentes es permitida y hasta fomentada por el Estado? Pues mira lo que pasa en la hermana y vecina Francia. Unos malandros accedieron a la propiedad de forma ilegal, permanecieron allí varios años y terminaron recurriendo a la vía judicial para exigir ser realojados y responsabilizar al propietario del deterioro del inmueble.
Una de las principales preocupaciones de quienes poseen viviendas o locales es el riesgo de ocupación ilegal. En muchos casos, el desalojo puede alargarse durante años, mientras el dueño sigue pagando facturas de luz y agua que consumen los okupas. Pero la situación puede complicarse aún más cuando los ocupantes ilegales deciden denunciar al propietario.
Esto ocurrió recientemente en Francia, donde, según informa el medio local Figaro Immobilier, un grupo de okupas decidió demandar al propietario de un local al que habían entrado sin permiso, argumentando que el espacio no reunía condiciones mínimas de habitabilidad.
“El dueño es responsable de nuestra situación y del mal estado del local”
Los okupas se instalaron en un local que no estaba habilitado como vivienda y, tiempo después, alegaron que existía un contrato verbal por el que pagaban 830 euros mensuales en efectivo. Tras permanecer allí durante tres años, acudieron a los tribunales asegurando que “llevaban años residiendo en un espacio insalubre alquilado por el propietario”, y exigieron que este les facilitase un realojo a su costa.
La Agencia Regional de Salud de Île-de-France (ARS) confirmó la falta de salubridad del local y recomendó a la prefectura —la representación estatal en la región— que emitiera un decreto declarando la insalubridad. Los okupas se aferraron a este informe para sostener: “Queremos un realojo porque el propietario es responsable de nuestra situación y del mal estado del inmueble”. El dueño, por su parte, aseguró que “fueron los propios okupas quienes causaron los graves daños visibles en el local”.
Un proceso judicial complejo: okupas, propietario y administración
El abogado del propietario, Romain Rossi-Landi, explicó que el caso es complicado porque existe una presunción que juega en contra de su cliente. Según Rossi-Landi, su defendido tuvo que enfrentarse tanto a los okupas como a la administración local que decretó la insalubridad y ordenó el realojo de los ocupantes.
La ley francesa contempla que, cuando se declara la insalubridad de una vivienda, los inquilinos pueden dejar de pagar el alquiler sin necesidad de resolución judicial. En este vacío legal se apoyaron los okupas para reforzar su demanda.
La justicia ordena el desalojo y limita la obligación de realojo
Finalmente, la Corte de Apelación de París dictó la expulsión de los okupas. Aún está pendiente la resolución sobre el decreto de insalubridad ante la jurisdicción administrativa. Sin embargo, el abogado señala que, dado que se trata de un local comercial y no de una vivienda, la posible ratificación del decreto no supondría un gran perjuicio para el propietario, que no tiene intención de convertirlo en vivienda.
El Ministerio de Sanidad francés intervino enviando una carta a la presidenta de la corte administrativa de París, donde subraya que “los riesgos detectados en los locales requieren que se adopten medidas para tratar la insalubridad dentro de plazos compatibles con la protección de la salud de los ocupantes, independientemente de su situación legal”. Sin embargo, aclara que no existe obligación de realojar a quienes ocupan sin ningún derecho.
El dueño ha conseguido recuperar su propiedad, pero tras años de ocupación ésta se encuentra en un estado deplorable. Como explica su abogado, “el propietario ha tenido que defenderse doblemente: contra los okupas y contra la propia administración”. Verdaderamente deplorable. ¿En manos de qué delincuentes estamos?
