Existe una situación que cada vez resulta más difícil de entender para quienes trabajan profesionalmente en el sector de la asistencia a domicilio y han decidido desarrollar su actividad cumpliendo escrupulosamente con todas sus obligaciones. Empresas que tienen trabajadores contratados, que realizan las correspondientes altas, que pagan cotizaciones, impuestos y seguros, que cumplen con las obligaciones laborales, que asumen gastos administrativos, que gestionan contratos, vacaciones, bajas y sustituciones y que, en definitiva, hacen un esfuerzo económico y organizativo considerable para prestar un servicio dentro de la legalidad pueden llegar a tener la sensación de que son precisamente ellas las que se encuentran permanentemente bajo la lupa. Nadie debería cuestionar que la Inspección de Trabajo controle a las empresas, porque esa es una de sus funciones y porque también las empresas que cumplen pueden cometer irregularidades que deben ser corregidas. Lo que sí resulta legítimo plantear es si el control se está ejerciendo con la misma intensidad sobre todas las formas de prestación de servicios y, especialmente, sobre aquellas actividades que pueden desarrollarse completamente al margen de las estructuras empresariales y laborales convencionales.
Empresas legales bajo la lupa mientras la economía sumergida sigue a la vista
La propia planificación oficial de la Inspección de Trabajo demuestra que la economía sumergida y el empleo no declarado constituyen una preocupación reconocida por la Administración. El Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 2025-2027 establece entre sus objetivos precisamente la lucha contra el trabajo no declarado y dedica una línea específica al empleo del hogar. El documento señala que desde 2021 la Inspección viene poniendo el foco en las condiciones laborales de quienes prestan servicios en domicilios particulares y establece medidas para aflorar empleos no declarados, investigar posibles situaciones de infracotización y comprobar que las jornadas contratadas se corresponden con las realmente trabajadas. Por tanto, la existencia de economía irregular en el ámbito de los cuidados no es una acusación inventada por las empresas del sector: es una problemática reconocida expresamente en la propia estrategia oficial de la Administración.
La cuestión que merece debate es otra. Si existen empresas perfectamente identificadas, con trabajadores dados de alta, obligaciones fiscales, estructura administrativa y documentación disponible, es relativamente sencillo saber quiénes son, dónde están y qué actividad desarrollan. Pero junto a ese mercado formalizado existe también una prestación de servicios que puede realizarse directamente entre particulares y que, cuando no se declara correctamente, puede escapar con mayor facilidad a los mecanismos ordinarios de control. Ahí es donde aparece la sensación de injusticia: cumplir la ley tiene un coste y ese coste debe ser soportado por todos los operadores del sector, no únicamente por aquellos que han decidido constituirse como empresas y trabajar de manera transparente.
El verdadero problema no es que se inspeccione, sino que se inspeccione a todos
Una empresa de asistencia a domicilio que trabaja legalmente tiene que asumir una cantidad considerable de costes que muchas veces el cliente final ni siquiera conoce. No se trata solamente del salario de la persona que presta el servicio. Existen cotizaciones, seguros, obligaciones fiscales, asesoramiento laboral, prevención, administración, contabilidad, gestión de nóminas, sustituciones, vacaciones, bajas médicas, desplazamientos, formación y todos aquellos gastos derivados de mantener una estructura profesional capaz de garantizar que el servicio continúe aunque se produzca una incidencia. Esa estructura tiene un precio y forma parte de la responsabilidad de cualquier empresa que quiera ofrecer un servicio serio y estable.
Cuando una empresa cumple todas esas obligaciones y compite con alguien que ofrece exactamente el mismo servicio sin asumir los mismos costes porque trabaja fuera de los cauces legales, la competencia deja de producirse en igualdad de condiciones. Una empresa que paga cotizaciones y cumple con Hacienda tiene que repercutir necesariamente una parte de esos costes en el precio del servicio. Una persona que trabaja completamente al margen de esas obligaciones puede tener la posibilidad de ofrecer un precio inferior. No porque su servicio sea necesariamente mejor, sino porque su estructura de costes es diferente. Y precisamente ahí es donde la lucha contra la economía sumergida deja de ser una cuestión puramente administrativa para convertirse también en una cuestión de justicia competitiva.
El propio Plan Estratégico 2025-2027 afirma que la Inspección debe actuar para evitar prácticas que supongan competencia desleal y establece un objetivo específico denominado «Aflorar empleo con derechos», que incluye diferentes formas de empleo no declarado y dedica expresamente una línea al empleo del hogar. La Administración, por tanto, reconoce que la actuación inspectora también tiene una función relacionada con la protección de un mercado laboral en el que las reglas deben aplicarse de manera efectiva. Por eso, desde la perspectiva de una empresa legal, resulta razonable reclamar que esa vigilancia no se concentre únicamente en quienes están formalmente constituidos, identificados y localizados, sino que también se dirija hacia aquellas situaciones en las que existan indicios objetivos de actividad económica no declarada.
La asistencia a domicilio no puede convertirse en una competición entre quienes cumplen y quienes no
El sector de los cuidados tiene además una particularidad que hace especialmente importante que exista un marco profesional claro. Quien presta asistencia a una persona mayor, dependiente o enferma entra literalmente en el ámbito más privado de una familia. Puede encargarse de acompañar a una persona vulnerable, ayudarla en sus desplazamientos, atender sus necesidades cotidianas o permanecer con ella durante muchas horas. Por eso la profesionalización del sector no debería verse como un inconveniente burocrático, sino como una garantía para las familias y para las propias personas trabajadoras.
Una empresa que selecciona a sus trabajadores, formaliza sus relaciones laborales, gestiona sus horarios, organiza sustituciones y responde ante sus clientes está asumiendo una responsabilidad que va mucho más allá de poner en contacto a una familia con una persona que necesita trabajo. Esa diferencia tiene valor y debería ser reconocida por el mercado. Si, por el contrario, el sistema permite que una prestación profesional pueda realizarse de forma habitual sin asumir las mismas obligaciones que una empresa legal, el resultado puede ser una presión constante sobre quienes sí cumplen.
Y aquí aparece una cuestión especialmente importante: no se puede pedir a las empresas que se profesionalicen y, al mismo tiempo, permitir que la informalidad se convierta en su principal competidor. Si una empresa debe cumplir con todas las obligaciones laborales y fiscales, debe existir también un esfuerzo real por detectar las actividades económicas que se desarrollan al margen de esas obligaciones cuando existan indicios suficientes para hacerlo. De lo contrario, el mensaje que recibe quien quiere emprender, contratar trabajadores y cumplir la normativa puede resultar profundamente desalentador.
¿Qué ocurre con los servicios que se ofrecen directamente a las familias?
La situación se vuelve todavía más delicada cuando hablamos de servicios de acompañamiento hospitalario y asistencia a personas que se encuentran ingresadas. En los alrededores de un hospital como Valdecilla pueden encontrarse anuncios, carteles y teléfonos de personas que ofrecen servicios de acompañamiento o cuidado. La existencia de un anuncio, por sí misma, no demuestra que la persona que lo publica esté trabajando ilegalmente. Es perfectamente posible que detrás de un anuncio exista una persona que cumple todas las obligaciones que le correspondan o incluso una actividad profesional correctamente regularizada. No sería serio afirmar lo contrario sin una comprobación concreta.
Pero precisamente porque la existencia de un anuncio no demuestra ilegalidad, la cuestión que debería plantearse es otra: ¿se está comprobando que todas las personas que ofrecen estos servicios lo hacen dentro del marco legal que les corresponde? Si una persona obtiene una remuneración por prestar de manera habitual un servicio de asistencia o acompañamiento, la situación laboral, fiscal o profesional que corresponda debería estar correctamente regularizada. No debería importar si esa persona anuncia sus servicios en Internet, mediante una empresa, en un tablón, mediante un cartel o de cualquier otra forma.
Una empresa que trabaja legalmente puede llegar a preguntarse, con toda lógica, por qué se le exige presentar documentación, justificar contratos, demostrar altas, responder a inspecciones y cumplir innumerables obligaciones mientras en determinados lugares se observa una oferta de servicios que parece funcionar mediante simples teléfonos de contacto y anuncios particulares. La pregunta no consiste en afirmar que todos esos anuncios correspondan a trabajo irregular. La pregunta consiste en exigir que, cuando existan indicios suficientes, la misma preocupación que se aplica a las empresas formalizadas se aplique también a la posible actividad no declarada.
Porque una cosa es que una persona ofrezca ocasionalmente un servicio y otra muy diferente que exista una actividad económica continuada de asistencia a domicilio o acompañamiento que se esté desarrollando sin cumplir las obligaciones que legalmente correspondan. Son situaciones distintas y deben poder distinguirse mediante los mecanismos de control adecuados.
Una empresa legal no debería sentir que tiene que demostrar permanentemente que es legal
Existe además una sensación especialmente frustrante entre quienes han decidido constituir una empresa y asumir todas las responsabilidades derivadas de ello. Cuando una empresa está perfectamente identificada, tiene trabajadores, tiene una sede, dispone de una página web, aparece en directorios, realiza publicidad y mantiene una actividad visible, resulta relativamente sencillo localizarla y requerirle documentación. Esto es lógico desde el punto de vista de la Administración, pero también puede generar una paradoja: cuanto más transparente es una empresa, más fácil resulta comprobar que existe y, por tanto, más fácilmente puede entrar dentro del radar de cualquier actuación administrativa.
Mientras tanto, una actividad desarrollada exclusivamente entre particulares puede ser mucho más difícil de detectar si nadie comunica su existencia y si no deja una estructura empresarial claramente identificable. Esto no significa que la Administración no pueda actuar contra ella. Significa que los mecanismos de control deben adaptarse también a esas formas de prestación de servicios.
El Plan Estratégico de la Inspección precisamente contempla el uso de cruces de información y la colaboración con otras administraciones para detectar empleo no declarado y otras situaciones irregulares. Es decir, el propio modelo de inspección reconoce que no basta con esperar a que las irregularidades aparezcan delante de una oficina o de una empresa perfectamente identificada. Hay que buscar también aquellas situaciones que, por su propia naturaleza, son menos visibles.
Por eso una empresa que cumple no debería tener miedo a la inspección. Lo que debería poder exigir es que la inspección sea coherente con su propia finalidad: garantizar que las normas se cumplen y que no existen trabajadores o empresas que obtengan una ventaja precisamente por permanecer fuera del sistema.
Quitan publicidad de las empresas legales mientras ponen la suya
Hay además una cuestión que merece especial atención: la retirada de publicidad de empresas que ofrecen legalmente servicios de asistencia y acompañamiento. Si un hospital o cualquier otra institución tiene unas normas internas sobre publicidad, cartelería y utilización de sus espacios, es perfectamente legítimo que establezca unas reglas y que las aplique. Pero esas reglas deberían ser claras, objetivas y aplicables de manera coherente.
Lo que resulta difícil de aceptar desde la perspectiva de una empresa legal es una situación en la que su publicidad profesional sea retirada mientras las familias continúan encontrándose con otras formas de oferta de servicios que pueden resultar mucho más difíciles de verificar. Porque retirar un cartel no elimina la necesidad de asistencia. Las personas que necesitan ayuda siguen necesitando encontrar a alguien que las acompañe, que cuide a un familiar ingresado o que posteriormente pueda prestar asistencia en su domicilio.
Y aquí aparece una cuestión fundamental: si se elimina la publicidad de empresas profesionalizadas, ¿cómo se facilita a las familias el acceso a alternativas legales, identificables y transparentes? La respuesta no debería ser simplemente eliminar la información. Si existe una necesidad real, esa necesidad va a seguir existiendo. Y cuando se dificulta el acceso a los operadores profesionales, la familia puede terminar recurriendo a recomendaciones particulares, anuncios informales o contactos cuya situación administrativa desconoce.
No se trata de afirmar que todos los anuncios particulares sean ilegales ni de atribuir intenciones a quien decide retirar determinada publicidad. Se trata de señalar una posible contradicción que merece ser estudiada: si se quiere proteger a las familias y profesionalizar el sector, parece razonable facilitar que puedan distinguir entre servicios profesionales y actividades cuya situación laboral o administrativa no conocen.
El empresario que cumple también necesita protección
Cuando se habla de inspecciones laborales suele pensarse inmediatamente en la protección de los trabajadores, y con razón. Pero existe otra dimensión que tampoco debería olvidarse: la protección de las empresas que cumplen. Una empresa legal también necesita que exista un marco de competencia razonablemente equilibrado. Si una empresa soporta todos los costes asociados a la contratación y otra actividad puede ofrecer servicios similares sin asumir determinadas obligaciones, la primera se encuentra en una posición de desventaja.
Esto no significa que las empresas deban quedar al margen del control. Al contrario. Una empresa que cumple debería ser la primera interesada en que todas las empresas de su sector cumplan. Si existe una irregularidad en una empresa competidora, esa irregularidad no solo perjudica al trabajador afectado; también puede perjudicar a todas las empresas que están intentando mantener una estructura legal.
El problema surge cuando el empresario que cumple empieza a tener la sensación de que ser visible, estar constituido, contratar trabajadores y cumplir con Hacienda y Seguridad Social significa convertirse en el objetivo más sencillo de controlar. Esa percepción puede ser especialmente dañina en sectores donde los márgenes económicos ya son reducidos y donde existe una fuerte competencia basada en el precio.
La Administración tiene precisamente entre sus objetivos evitar las prácticas que generen competencia desleal. El Plan Estratégico 2025-2027 lo reconoce expresamente dentro de la misión de vigilancia y control de la normativa sociolaboral. Por eso la reclamación de las empresas legalizadas no debería interpretarse como una petición de impunidad. Es exactamente lo contrario: piden que las mismas reglas se apliquen a todos los que realizan una actividad económica comparable.
La solución no es dejar de inspeccionar, sino mirar en todas las direcciones
Defender a las empresas que cumplen no significa pedir que se deje de investigar. Una empresa legal debe poder ser inspeccionada. Sus trabajadores tienen derechos y esos derechos deben comprobarse. Sus contratos deben ajustarse a la legislación. Sus jornadas deben ser reales. Sus cotizaciones deben ser correctas. Sus obligaciones fiscales y administrativas deben cumplirse. Todo eso forma parte del funcionamiento normal de un Estado de derecho.
Pero exactamente por la misma razón, cuando existen indicios objetivos de que una actividad económica puede estar desarrollándose sin las correspondientes altas, cotizaciones o declaraciones, también debería existir capacidad para investigarla. La Inspección no debería limitarse a controlar aquello que resulta más fácil de localizar. Debe disponer de mecanismos para detectar también las formas menos visibles de economía irregular.
El propio Plan Estratégico contempla campañas específicas para aflorar empleo en el ámbito del hogar y comprobar posibles situaciones de infracotización. Esto demuestra que el problema está identificado. La cuestión es que las empresas y profesionales que trabajan legalmente puedan percibir que esas actuaciones se traducen realmente en un mercado más equilibrado.
Porque de poco sirve exigir a una empresa que cumpla hasta la última obligación administrativa si después tiene que competir con actividades que pueden ofrecer servicios similares desde fuera del sistema. En ese escenario, la legalidad termina teniendo un coste competitivo que no debería existir.
La verdadera justicia consiste en que las reglas sean iguales
La discusión no debería plantearse como una batalla entre empresas y Administración, ni como una defensa de las empresas frente a la Inspección de Trabajo. La Inspección tiene una función necesaria y las empresas tienen obligaciones que deben cumplir. El verdadero debate está en cómo conseguir que el sistema sea coherente para todos.
Una persona que trabaja por cuenta propia debe cumplir las obligaciones que le correspondan. Una familia que contrata directamente a una persona para prestar servicios de asistencia debe cumplir las obligaciones que le correspondan. Una empresa de asistencia a domicilio debe cumplir las suyas. Y cuando existan indicios de que alguien está prestando servicios de manera habitual sin cumplir las obligaciones laborales, fiscales o de Seguridad Social que correspondan, esa situación debería poder ser investigada.
La igualdad ante las reglas no consiste en que nadie sea inspeccionado. Consiste en que nadie obtenga una ventaja por incumplirlas.
Y esta cuestión adquiere todavía más importancia cuando hablamos de personas mayores, enfermas o dependientes. Las familias que necesitan asistencia deberían poder contratar con tranquilidad, sabiendo quién está detrás del servicio, qué responsabilidades existen, qué cobertura tiene la persona que presta la atención y qué derechos tienen tanto el trabajador como el usuario. La profesionalización no debería ser un obstáculo; debería ser una garantía.
Cumplir la ley no puede convertirse en la peor estrategia empresarial
Hay una reflexión final que debería hacerse seriamente. Si una persona quiere montar una empresa de asistencia a domicilio, contratar trabajadores, pagar sus cotizaciones, cumplir con Hacienda, contratar seguros, gestionar sustituciones y asumir todas las obligaciones administrativas, el mensaje que debería recibir de las instituciones es que ese esfuerzo merece la pena.
No debería recibir el mensaje contrario.
No debería pensar que mientras más transparente sea su actividad, más fácil será controlarla, mientras que quien funciona mediante relaciones informales puede resultar más difícil de localizar. No debería tener que competir exclusivamente por precio contra personas que eventualmente pueden ofrecer servicios sin asumir los mismos costes. Y tampoco debería sentir que pierde canales de visibilidad mientras otras formas de oferta informal continúan llegando directamente a las familias.
Por supuesto, cualquier afirmación concreta sobre una persona determinada que trabaje sin alta, sin declarar ingresos o sin cumplir sus obligaciones debe poder demostrarse. No es justo acusar a alguien únicamente porque coloque un anuncio o porque trabaje por su cuenta. Pero precisamente por eso debe existir un sistema capaz de comprobar quién cumple y quién no, sin prejuicios y sin mirar hacia otro lado.
La reclamación de las empresas legalizadas puede resumirse en una idea muy sencilla: no piden que se les deje de inspeccionar; piden que no sean las únicas a las que resulte fácil inspeccionar.
Porque combatir la economía sumergida significa precisamente eso: buscar el trabajo no declarado, detectar la infracotización, investigar las actividades que puedan estar desarrollándose al margen de las obligaciones legales y proteger tanto a los trabajadores como a las empresas que cumplen.
Y cuando una empresa ha decidido hacer las cosas bien, contratar legalmente, pagar impuestos, cotizar por sus trabajadores y asumir todas las responsabilidades administrativas, lo razonable es que pueda competir en igualdad de condiciones.
La asistencia a domicilio necesita profesionales. Las familias necesitan seguridad. Los trabajadores necesitan derechos. Y las empresas necesitan un mercado en el que cumplir la ley no sea una desventaja.
No se trata de pedir menos Inspección de Trabajo. Se trata de pedir una inspección que mire en todas las direcciones.
Porque si queremos acabar con la economía sumergida, no basta con controlar al que está dentro del sistema. También hay que ser capaces de localizar al que está fuera de él.
Y si realmente queremos que la asistencia a domicilio sea un sector profesional, transparente y digno, el mensaje debería ser inequívoco: cumplir la ley tiene que ser una garantía, nunca una desventaja.
