Os contamos ahora unos hechos muy poco conocidos: la muerte de un guardia civil en un desfile en Madrid precipitó el inicio de la Guerra Civil Española. La famosa «rebelión militar» del 18 de julio que muchos llaman Alzamiento Nacional y otros el Golpe del 18 de julio tuvo unos precedentes muy directos y muy violentos en los hechos subversivos que se fueron sucediendo, de forma cada vez más sangrienta, hasta el desencadenante último que supuso el ajusticiamiento del diputado Calvo Sotelo y el ajusticiamiento de un oficial de la Guardia de Asalto: el teniente Castillo. Este doble crimen significó el desencadenante último de esa famosa rebelión militar que sin embargo no dejaba de ser en todo caso la rebelión de una parte pequeña de base las Fuerzas Armadas que apoyó una masa de millones de civiles contrarios a la sovietización de España y al separatismo.
Los cachorros de Stalin en España contaban con importantes apoyos tanto en las fuerzas de seguridad como en la política que les permitieron ir consolidando la situación hasta lo que ellos pretendían que fuera un punto de no retorno. Uno de los episodios más directos fueron los lamentables hechos que rodearon la muerte en un desfile militar de un oficial de la Guardia Civil al que asesinaron milicias paramilitares de extrema izquierda. Esto constituye un crimen tan importante como olvidado en la reciente historia de España, ya que el propio teniente Castillo del que hemos hablado antes y que tenía tanta importancia en ese aparato paramilitar de extrema izquierda, controlado por el gobierno del Frente Popular, participó como uno de los organizadores y sicarios directos de varias personas que fallecieron como consecuencia de estos tumultos sangrientos.
Es decir: la muerte de este guardia civil llevó en un corto plazo de tiempo al asesinato de varias personas relacionadas con su entierro y en concreto de un primo carnal de José Antonio Primo de Rivera. Pero es que estos hechos terminaron desembocando en el propio ajusticiamiento del teniente Castillo, que fue el antecedente directo de la muerte de Calvo Sotelo y de la propia iniciación de la guerra civil.
MADRID, DICIEMBRE DE 1936.
Mayor de milicias de la 36 Brigada Mixta, Justo López de la Fuente, uno de los jefes de los voluntarios de Andalucía organizados en Madrid encargado de la defensa del sector de los barrios madrileños de Villaverde y Usera
Este artículo de la prensa frentepopulista tiene mucho interés porque destila muchos de los mitos y supuestos problemas de base de la República y sus Fuerzas Armadas, en particular, en lo que respecta a la izquierda y los separatistas.
Las reformas militares de la República española, acicate principal de la sublevación fascista
Saqueadores del presupuesto y proxenetas del honor nacional.
Entre las muchas sinrazones que han impelido a los facciosos españoles a preparar y desencadenar su criminal levantamiento, que ha sumido a nuestra nación en una profunda ciénaga de sangre, de odio y dolor, probablemente haya sido una de las más principales, quizá el punto de partida de su deslealtad y rebeldía, las reformas militares implantadas a los pocos meses de instaurarse el régimen republicano, y llevadas a cabo tan austera y enérgicamente por el que entonces regentaba el Ministerio de la Guerra, don Manuel Azaña.
Aquellas reformas, tan equitativas como necesarias, sacaron de quicio a los que tenían convertido el Ejército español en un vasto patio de Monipodio, haciendo granjería del favor, del despilfarro, del sibaritismo, de la chulería y de la necia vanidad, lo que solamente podía ser una institución al servicio indiscutible del pueblo hispano, tanto por su lealtad como por su austeridad y competencia.
Los círculos militares, los cuartos de banderas, eran covachuelas donde los ambiciosos y los despechados, ausentes de su deber y atentos a sus míseras maquinaciones, fraguaban los planes subversivos, en medio de nubes de grotesca fraseología y de protervas insidias, tan características de los mercenarios monárquicos.
Llegaron a creer los profesionales del militarismo que España no era una nación, sino más bien una especie de mancebía, donde solamente ellos tenían el derecho de cobrar el barato.
Cuando la República les demostró lo disparatado de su erróneo engreimiento, los militares, que no los militares que saben ser dignos soldados de la patria, que les paga y les colma de honores, pusieron el grito en el cielo. Pero lo hicieron taciturnamente, cazurramente, sin el menor átomo de civismo ni de caballerosidad.
Y así se fue difundiendo entre los tales elementos el odio ingente que almacenaban en sus almas miserables contra don Manuel Azaña (brazo ejecutor de las reformas acordadas por la República) y contra el régimen que, por encima de arcaicos convencionalismos, imponía su soberanía, derribando por tierra toda una faramalla de mal adquirido privilegios y de valores ilógicos.
Y así se decidieron a llevar a efecto la botaratada del 10 de agosto de 1932, donde quedó bien patentizada toda la torpeza, toda la cobardía y toda la perfidia de que pueden ser capaces esos malos españoles, que de todo pueden tener menos de españoles, de militares y de inteligentes.
La sanjurjada del 10 de agosto les puso al descubierto. El pueblo español empezó a comprender con quiénes tenía que habérselas, y desde entonces, aunque de una manera tibia, justo es confesarlo, fuimos tomando nuestras medidas y cavilando la fórmula más práctica de sacudirnos el cuerpo de la desagradable y torturante compañía de tan indeseables parásitos.
Pero no supimos ser expeditivos; aún permanecimos un tanto confiados, y a esta excesiva lenidad debemos los siniestros resultados que ahora tocamos de tan lacerante manera.
No acertamos a liquidar con procedimientos tajantes lo que ya no encuadraba en los moldes del nuevo régimen; la desastrosa herencia monárquica.
Y al 10 de agosto de 1932 sucedió el 19 de julio de 1936.
El régimen monárquico, que se amparaba, más que en la voluntad y pleitesía del pueblo español, en las camarillas palaciegas y en lo que popularmente se llamaba la «generalación», mientras estancaba la enseñanza pública, hasta el extremo de que de los 22.500.000 españoles que pueblan nuestra península más de la mitad eran analfabetos; mientras la monarquía borbónica sostenía un boato faraónico y dejaba los campos yermos y nuestras riquezas anquilosadas, sostenía, en cambio, 167 generales en activo, 133 generales en la primera reserva, 144 generales en la segunda reserva, 41 generales en la Administración central, industrias militares y establecimientos de instrucción, y más de 23.000 jefes y oficiales para comandar un Ejército que no llegaba a los cien mil hombres.
No por haberse publicado ya estos datos dejan de ofrecer un innegable interés de actualidad.
Las pandillas borbónicas para conquistar los peñascos marroquíes que les asignaba el amanerado Tratado de Algeciras, además de costarnos un río de oro y otro de sangre, sirvió de burdo pretexto para desarrollar una labor de intriga y de favoritismo, que ocasionaron la ruina de nuestra economía nacional.
Solamente en el transcurso de once años, de 1913 a 1924, en que se libraron las más feroces luchas y se registraron los más colosales desastres en el inhóspito suelo africano, se gastaron allí 2.204.829.824 pesetas.
Y desde las operaciones iniciadas por el general Margallo, hasta la toma de Alhucemas, fueron sacrificadas más de cien mil vidas en aras del fanatismo de los católicos caballeros españoles, implacables pregoneros de la «guerra contra el infiel marroquí», señuelo con el que cubría Alfonso XIII sus sueños de emperador; farsa grotesca y sangrienta con la que las oligarquías militaristas pudieron encubrir sus desmedidas ambiciones y su torpeza, aventura tan ridícula como trágica, en la que hallaron una nueva fuente con la que especular a sus anchas un grupo de plutócratas indígenas y exóticos, que se apropiaron de las riquezas del Rif.
Al proclamarse el régimen republicano en 1931, los Gobiernos que ejercieron el Poder durante los primeros veintinueve meses realizaron una plausible y regeneradora labor depurativa en las consignaciones para Guerra y Marina, rebajando notablemente los cuadros de mando del Ejército español, hasta reducir a 86 los 485 generales que figuraban en las distintas clasificaciones ya enumeradas, y suprimiendo 5.366 jefes y oficiales, y 25.138 individuos de tropa.
El presupuesto de Guerra y Marina, que en 1930, último año monárquico, sumaba 660.901.482 pesetas, fue reducido por los ministros republicanos del primer bienio a 555.909.480 pesetas, ahorrando nada menos que 105.994.001 pesetas, de las cuales correspondían 82.747.414 por economías en África, y 23.246.587 por economías en la Península.
Un fenómeno regresivo, producto de las excesivas e inmerecidas tolerancias dispensadas a los antipatriotas y antirrepublicanos del 10 de agosto, echó por tierra esta magnífica obra. Engañado el pueblo español por una hábil y tenaz propaganda de calumnias y vilezas contra los gobernantes genuinamente republicanos, pero más sañudamente contra los tres ministros socialistas que con ellos compartían la patriótica labor de cimentar una política que encauzara al país por derroteros de reconstrucción y cultura; campaña aviesa y acerba, desencadenada por el contubernio nauseabundo que formaban monárquicos desbocados y terroristas inmorales, las elecciones celebradas en noviembre de 1933 devolvieron las esperanzas y los bríos al régimen que ya se creía muerto para siempre.
Aquella defección sirvió para clavar sobre el corazón de España los jalones de la nueva traición, que desde entonces no cesó de acecharnos. Todos advertimos el puñal bajo la capa del traidor, pero qué poco hicimos todos por esquivar la puñalada…
Lázaro García.
Septiembre 1937: Jura de Bandera en Sigüenza de los nuevos soldados incorporados al Regimiento Gerona.
La Revolución de Octubre de 1934 fue interpretada por amplios sectores de la derecha como la demostración de que España se enfrentaba a una amenaza revolucionaria que pretendía destruir sus fundamentos históricos, religiosos y nacionales. La prensa conservadora presentó los sucesos, especialmente los de Asturias, como un ataque directo contra la patria, insistiendo en la violencia ejercida por los insurrectos y en la destrucción de edificios religiosos, culturales y civiles.
Dentro de esa interpretación se consolidó la idea de que existía una «Anti-España» enfrentada a la auténtica nación. Para estos sectores, la patria no era únicamente un territorio o una comunidad política, sino una realidad histórica sustentada en sus tradiciones, sus instituciones y sus principios permanentes. Quienes atentaban contra esos valores eran considerados enemigos de España.
Esta concepción quedó reflejada en el discurso pronunciado por José Calvo Sotelo en las Cortes el 6 de noviembre de 1934, donde afirmó que la patria era «algo más que un territorio, algo más que una comunidad idiomática», definiéndola como un «acervo moral de tradiciones, de instituciones, de principios y de esencias». En la misma intervención otorgó al Ejército un papel decisivo para la supervivencia nacional al declarar:
«Es preciso, en una palabra, que consideremos que el Ejército es el mismo honor de España. El señor Azaña decía que el Ejército no es más que el brazo armado de la Patria. Falso, absurdo, sofístico: el Ejército se ha visto ahora que es mucho más que el brazo de la Patria; no diré que sea el cerebro, porque no debe serlo, pero es mucho más que el brazo, es la columna vertebral, y si se quiebra, si se dobla, si cruje, se quiebra, se dobla o cruje con él España».
En esos mismos días, Ramiro de Maeztu expresó una idea semejante desde las páginas de ABC, atribuyendo al Ejército la misión de preservar el orden y la continuidad de la nación. Escribió:
«El Ejército nos salva siempre, porque es la unidad en torno a una bandera, porque es la jerarquía, porque es la disciplina, porque es el poder en su manifestación más eminente. En resumen, porque es la civilización… Porque el Ejército es España, quiere destruirlo la revolución».
A raíz de la insurrección, una parte de la derecha concluyó que el sistema parlamentario había demostrado su incapacidad para garantizar el orden público y que únicamente la actuación decidida de las Fuerzas Armadas había impedido una revolución de mayores dimensiones. Esa percepción fortaleció las posiciones de quienes defendían un cambio profundo del régimen político y una mayor presencia del Ejército en la vida pública.
Diversos historiadores consideran que los acontecimientos de octubre marcaron un punto de inflexión en la radicalización política de la Segunda República. Entre ellos, Gabriele Ranzato sostiene que la insurrección asturiana fue «no solo una anticipación, sino también una importante premisa de la futura guerra civil». A su juicio, el recuerdo de aquella violencia y el temor a que pudiera repetirse dejaron una profunda huella en numerosos españoles, especialmente entre quienes pensaban que, por su posición social, sus convicciones políticas o sus creencias religiosas, podrían convertirse en las siguientes víctimas de un nuevo estallido revolucionario.
